El caso de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989, ha vuelto a captar la atención pública.
De acuerdo con medios locales, el fiscal general de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, reveló durante una conferencia de prensa que no se opondrá ni apelará las solicitudes de audiencia de resentencia de los hermanos, sin embargo, se opone a su liberación.
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Hochman explicó que la moción anterior no examinó ni consideró si los Menéndez habían demostrado una comprensión completa y asumido su responsabilidad por los crímenes cometidos en 1989. Esto, según él, “al continuar durante los últimos 30 años mintiendo sobre sus afirmaciones de defensa propia”.
Sin embargo, Hochman argumentó que las afirmaciones de los hermanos sobre abuso sexual y psicológico por parte de sus padres no cumplen con los estándares legales para justificar una nueva sentencia.
Además, señaló que los Menéndez han ofrecido versiones inconsistentes de los hechos, lo que pone en duda su sinceridad y rehabilitación. A pesar de esto, la audiencia para discutir la moción sigue programada para los días 20 y 21 de marzo.
Así, los hermanos Menéndez, avanzan por múltiples caminos con la esperanza de ser liberados algún día después de asesinar a tiros a sus padres, José y Mary Louise “Kitty” Menéndez, el 20 de agosto de 1989 en Beverly Hills.
El caso de los Menéndez ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático desde su juicio en 1993, que fue televisado y generó un debate nacional sobre la legitimidad de sus alegatos de abuso.
Mientras algunos consideran que los hermanos actuaron en legítima defensa, otros los ven como asesinos motivados por la herencia de sus padres. Este último giro en el caso ha reavivado estas discusiones, dividiendo aún más a la opinión pública.
