La aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática en Venezuela abrió un nuevo capítulo político interno, pero también generó una profunda interrogante sobre sus efectos fuera del país, especialmente en Estados Unidos, donde más de 300.000 solicitudes de asilo venezolanas siguen pendientes.
Aunque las ‘autoridades interinas’ en Venezuela presentan la medida como un paso hacia la reconciliación, abogados migratorios y organismos internacionales consultados por El Nuevo Herald advirtieron que su impacto podría ser mucho más complejo, particularmente en la evaluación del “temor fundado” que sustenta la mayoría de los casos de asilo.
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El bufete Vásquez Law Firm, con sede en Miami y Orlando, alertó que la nueva ley podría influir directamente en la manera en que los jueces de inmigración y los oficiales de asilo estadounidenses interpretan las condiciones actuales en Venezuela.
Si el gobierno venezolano declara que indultó a opositores y garantiza su seguridad, los adjudicadores podrían considerar que el riesgo de persecución disminuyó, pese a las denuncias de que todavía se reprime a la oposición en Venezuela.
Esto abriría la puerta a un escrutinio más estricto de las solicitudes nuevas y existentes, incluso aquellas que ya están en apelación.
Por tanto, para muchos solicitantes, especialmente quienes huyeron por motivos políticos, la narrativa de persecución podría verse cuestionada.
Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido clara en advertir que una amnistía no equivale automáticamente a condiciones seguras para el retorno en un país con la crisis que atraviesa Venezuela en los últimos años.
El organismo señaló que “a quienes se vieron obligados a exiliarse debido a la persecución no se les debería exigir que regresen hasta que se determine claramente la aplicabilidad de la amnistía a sus casos”.
¿QUÉ ORIGINÓ LA PERSECUCIÓN?
Sobre esto último, organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han advertido que la ley venezolana no aborda los problemas estructurales que originaron la persecución: detenciones arbitrarias, represión política, falta de independencia judicial y presencia de cuerpos de seguridad acusados de violaciones graves.
Desde esta perspectiva, una amnistía sin mecanismos de verdad, reparación y garantías de no repetición podría ser insuficiente para demostrar un cambio real en las condiciones del país.
En el ámbito jurídico estadounidense, otro concepto clave es el de “reubicación interna”. Si un solicitante puede vivir de forma segura en otra región de su país, su caso puede ser denegado.
Asimismo, si las condiciones del país cambian de manera sustancial, la elegibilidad para el asilo puede verse afectada.
De hecho, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) ha sostenido repetidamente que los cambios en las condiciones del país de origen pueden modificar el análisis de riesgo.
Por ello, una ley de amnistía, incluso si es parcial o limitada, podría ser utilizada por el gobierno estadounidense para argumentar que el peligro ha disminuido.
No obstante, la propia Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela ha expresado reservas sobre la legitimidad y el alcance de la ley.
La experta María Eloísa Quintero advirtió que el proyecto corre el riesgo de excluir a numerosas víctimas de persecución política y no garantiza la restitución plena de sus derechos.
Además, subrayó la necesidad de mecanismos de supervisión independiente y participación de las víctimas para evitar una aplicación incompatible con estándares internacionales.
“Se corre el riesgo de excluir a numerosas personas perseguidas por motivos políticos y no garantiza, por sí sola, la restitución plena de sus derechos”, reiteró al medio.
#20Feb | La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promulgó este jueves la ley de amnistía general que tiene como objetivo la liberación de los presos políticos.
Video: VTV pic.twitter.com/r7jnJUYk1t
— Caraota Digital (@CaraotaDigital) February 20, 2026
NO INCLUYE A LOS VENEZOLANOS CON TPS O ASILO
Además, Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento controlado por el chavismo, aclaró que la ley no tendrá aplicación automática para los venezolanos con asilo o TPS en Estados Unidos.
Cada caso será evaluado individualmente mediante un proceso técnico, lo que sugiere que el gobierno venezolano busca proyectar una imagen de institucionalidad sin comprometerse a un reconocimiento amplio de víctimas.
Sin embargo, la ONU insistió en que la amnistía debe excluir expresamente a responsables de violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, incluidos actores estatales y no estatales.
En este escenario, miles de venezolanos en Estados Unidos enfrentan una nueva etapa de incertidumbre. Aunque la ley podría ser presentada como un avance político, su impacto real dependerá de cómo sea interpretada por los tribunales estadounidenses. También de si Venezuela demuestra cambios verificables en materia de derechos humanos.
