La nueva investigación del Instituto Cato encendió alarmas sobre un fenómeno que afecta de manera desproporcionada a cubanos, venezolanos y haitianos en relación con el pago de tarifas migratorias por trámites que nunca avanzan o se resuelven.
Según el análisis, citado por agencia de noticias EFE y otros medios, el Gobierno de Estados Unidos ha recaudado hasta mil millones de dólares por solicitudes que permanecen congeladas bajo las recientes restricciones migratorias implementadas por la administración del presidente de EEUU, Donald Trump.
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Para los migrantes y sus patrocinadores, esto representa no solo una pérdida económica significativa, sino también un golpe emocional y legal que los deja atrapados en un limbo sin respuestas.
«El Gobierno está cobrando tarifas a inmigrantes y patrocinadores estadounidenses por servicios que no tiene previsto prestar. Se quedó con su dinero y ahora ni siquiera tramita sus solicitudes; en muchos casos, se niega incluso a denegarlas», denunció David J. Bier, director de estudios migratorios del instituto.
De acuerdo con su investigación, existen más de 1,2 millones de solicitudes paralizadas provenientes de Cuba, Venezuela y Haití, dentro de un total de dos millones de trámites detenidos.
Entre los casos congelados se encuentran autorizaciones de trabajo, solicitudes de residencia, peticiones de asilo, naturalizaciones y visas de turismo y empleo, lo que afecta directamente la estabilidad y el futuro de miles de familias.
¿CUÁNTAS SOLICITUDES ESTÁN CONGELADAS?
Las cifras revelan la magnitud del estancamiento: 935.000 solicitudes de cubanos, 239.000 de venezolanos y 81.000 de haitianos permanecen sin resolución.
El costo económico asociado también es contundente: 543 millones de dólares pagados por cubanos, 138 millones por venezolanos y 56 millones por haitianos.
Para Bier, aceptar solicitudes sin procesarlas constituye una violación grave de confianza pública y un uso indebido de fondos que debería ser investigado a fondo.
¿POR QUÉ SUCEDE ESTA SITUACIÓN?
El informe atribuye esta situación a tres políticas clave impulsadas por la administración Trump.
La primera es una proclamación presidencial que prohíbe la entrada legal y mayoría de las visas a ciudadanos de 40 países, incluidos los territorios palestinos, lo que bloquea incluso a quienes buscan visas familiares o laborales.
La segunda es una serie de memorandos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Los mismos amplían el congelamiento de solicitudes a esos mismos países y ordenan revisar aprobaciones emitidas durante la administración del expresidente de EEUU Joe Biden.
La tercera es una política del Departamento de Estado que congela visas de inmigrante para 75 países. Todo bajo el argumento de que sus ciudadanos utilizan asistencia social en mayor proporción.
En conjunto, estas medidas impiden que ciudadanos de 92 países puedan recibir visas de inmigrante. La situación crea un entramado burocrático que, según el Instituto Cato, parece diseñado para desincentivar la migración mediante obstáculos insalvables.
