La controversia sobre la aplicación de la Ley de Amnistía se intensificó en las últimas semanas, luego de que distintos sectores denunciaran presuntos intentos de incorporar en este beneficio a personas detenidas por delitos de corrupción y legitimación de capitales.
De acuerdo con el periodista Román Camacho, en una nota publicada en el sitio de noticias Contrapunto, la controversia surge porque la propia normativa establece límites precisos sobre los delitos que pueden ser amparados. Y tomando en cuenta, que se excluye de manera explícita aquellos que afectan el patrimonio público o involucran esquemas financieros ilícitos.
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Aunque la amnistía ha sido presentada como un instrumento para la reconciliación política y liberación de personas consideradas perseguidas por motivos políticos, especialistas en derecho advirtieron —según el periodista— que su alcance no puede extenderse a delitos comunes graves.
En este sentido, juristas recordaron que las amnistías históricamente se aplican a conductas como rebelión, conspiración o delitos de opinión. Nunca en hechos que generen enriquecimiento personal o daño económico al Estado, como ocurre en los casos de corrupción y lavado de dinero.
HERMANOS DE GRAZIA
En medio de esta discusión, destacan los hermanos Carmelo y Daniel De Grazia, detenidos por su presunta participación en tramas financieras vinculadas al caso Pdvsa-Cripto, un esquema que combinaba operaciones con criptomonedas, triangulación de pagos y el uso de intermediarios para movilizar fondos derivados de la venta de petróleo venezolano.
Vale recordar, que investigaciones periodísticas encabezadas por el portal Armando.info han señalado que los De Grazia habrían integrado estructuras financieras diseñadas para evadir sanciones internacionales. Esto, mediante el uso de cuentas en el exterior, conversión de fondos en criptoactivos y posterior reconversión en divisas.
Un reportaje de ese mismo medio detalla, que estas operaciones, permitieron canalizar pagos petroleros a través de bancos en Asia. Luego, transformarlos en criptomonedas y reinsertarlos en el sistema financiero tradicional, generando comisiones y beneficios para los operadores involucrados.
El trabajo periodístico también menciona la participación de otros miembros de la familia De Grazia. En específico, su presunta relación con empresarios y operadores financieros vinculados a la trama Pdvsa-Cripto. Una, que es considerada, de las mayores pérdidas patrimoniales para el Estado venezolano en los últimos años.
A estas denuncias se suman señalamientos internacionales. De hecho, informes del Departamento de Estado de Estados Unidos han vinculado a personas del entorno del exministro Tareck El Aissami con redes financieras utilizadas para mover dinero a escala global. Algunas de las cuales habrían servido para financiar organizaciones islamistas en Medio Oriente, mediante empresas intermediarias y mecanismos de triangulación.
Estas estructuras, según sanciones y reportes oficiales, operaban fuera de los sistemas financieros tradicionales y dieron origen a investigaciones en varios países.
En este contexto, juristas y analistas coinciden en que intentar incluir a personas detenidas por corrupción, legitimación de capitales o asociación para delinquir dentro de una ley de amnistía violaría el principio de legalidad. También desvirtuaría el propósito del instrumento.
Advierten que convertir la amnistía en un mecanismo para favorecer a involucrados en tramas financieras internacionales podría generar impunidad y socavar la confianza pública.
