Una presunta red conformada por al menos cinco venezolanos dedicada a la venta de vehículos robados fue desmantelada en el condado de Gwinnett, en Georgia (EEUU), tras una investigación que reveló un esquema sofisticado de clonación y comercialización de camionetas hurtadas en otros estados.
Los venezolanos detenidos fueron identificados como Johandry Gallardo, de 31 años; Adalberto Rincón Franco, de 30; Johan M. Ordóñez Cerrudo, de 25; Danny Andrés Torres Fernández, de 25; y José Carlos Barroso Deluquez.
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Según Univisión Atlanta, tres de los detenidos también están solicitados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Lo que se detalló, es que todos fueron presentados ante la corte, acusados de recibir y trasladar mercancía robada, así como de alterar números de identificación vehicular (VIN).
Asimismo, se señaló, que entre los vehículos recuperados, se encuentran al menos tres camionetas robadas en Texas.
¿CÓMO OPERABA LA BANDA?
Las autoridades precisaron que el grupo operaba trasladando camionetas robadas desde Texas hasta Georgia, donde manipulaban los VIN y utilizaban un concesionario en Lawrenceville como fachada para venderlas a compradores desprevenidos.
El negocio, registrado como L.S.R. Automotor LLC y vinculado a Rincón Franco, funcionaba desde junio de 2024 y ya acumulaba dos demandas civiles.
El «modus operandi» de la banda destacaba por su capacidad para evadir sistemas de vigilancia modernos.
Los investigadores explicaron que los acusados utilizaban placas falsas que coincidían exactamente con la marca, modelo y color de vehículos legales, lo que permitía engañar a cámaras lectoras de matrículas de alta tecnología, como las Flock, ampliamente utilizadas en Georgia.
Esta técnica de «clonación espejo» hacía que las placas aparecieran como legítimas en las bases de datos policiales, permitiendo el traslado de vehículos robados por cientos de millas sin levantar sospechas.
La alteración de los VIN completaba el esquema, dificultando la trazabilidad de los vehículos y permitiendo su venta como unidades aparentemente legales.
Las autoridades recuperaron evidencia que respalda la operación, incluyendo documentación manipulada y registros vinculados al concesionario.
En consecuencia, los cinco acusados enfrentan cargos graves —en concreto de recibir bienes robados «sabiendo que eran robados», robar al introducir mercancía robada al estado y alteración del número VIN de un vehículo— y se les fijó una fianza de 20.000 dólares cada uno.
El caso continúa en desarrollo mientras las autoridades investigan si existen más vehículos involucrados. También si la red tenía conexiones con otros estados o grupos dedicados al robo y tráfico de automóviles.
