El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este jueves, 19 de marzo, la Licencia General No. 5V, una nueva prórroga que extiende hasta mayo la protección de Citgo frente a los acreedores del bono Pdvsa 2020.
La medida, publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), deja sin efecto la Licencia General No. 5U emitida apenas el 2 de febrero y mantiene congelada cualquier acción ejecutiva sobre las acciones de la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
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Con esta decisión, Washington preserva temporalmente la estructura accionaria de Citgo mientras continúa el complejo entramado legal y político que rodea a la compañía.
La renovación de la licencia implica que los tenedores del bono Pdvsa 2020 —títulos respaldados con el 50,1 % de las acciones de Citgo— no pueden ejecutar sus garantías sin autorización expresa de la OFAC.
El Tesoro fue explícito: cualquier intento de refinanciar o reestructurar esos papeles debe contar con su aval previo.
Esta advertencia reafirma el rol central del gobierno estadounidense como árbitro regulatorio en cualquier movimiento que involucre activos venezolanos en territorio norteamericano.
La prórroga llega en un momento de cambios acelerados. Un día antes, Washington había emitido una licencia general que permite a empresas estadounidenses realizar transacciones amplias con PDVSA, un giro significativo que podría estimular inversiones y, a mediano plazo, apuntalar la producción petrolera venezolana.
Este relajamiento parcial del marco sancionatorio convive, sin embargo, con el mantenimiento de controles estrictos sobre Citgo, considerada la joya más valiosa del portafolio internacional de Venezuela.
ASDRÚBAL CHÁVEZ – CITGO
En paralelo, la junta directiva de PDVSA ratificó a Asdrúbal Chávez como presidente de sus tres filiales en Estados Unidos: PDV Holding, Citgo Holding y Citgo Petroleum.
El movimiento, apuntado por la agencia de noticias Reuters, ocurre pocos días después de que la administración de Donald Trump reconociera formalmente al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
La designación de Chávez, sin embargo, abre un nuevo capítulo de incertidumbre. Esto porque para ejercer control efectivo sobre Citgo, él y su equipo necesitan una licencia específica de la OFAC, requisito indispensable debido a las sanciones vigentes.
De hecho, el propio historial de Chávez ilustra la complejidad del escenario. Primo del fallecido presidente Hugo Chávez, acumula cuatro décadas en la industria petrolera y ha ocupado cargos clave, desde ministro de Petróleo hasta presidente de PDVSA.
Ya dirigió Citgo entre 2017 y 2019, pero Washington le revocó la visa por presuntos vínculos con corrupción y violaciones de derechos humanos.
Su retorno a la órbita de Citgo enfrenta ahora el mismo muro regulatorio. Pues, el reconocimiento político no sustituye la autorización sancionatoria, como recordó el abogado José Ignacio Hernández al señalar que ambos procesos son independientes.
En tanto, la reconfiguración interna de PDVSA también incluye la ratificación de la junta encabezada por Héctor Obregón y la incorporación de Nelson Ferrer, Alejandro Escarrá y Ricardo Gómez como directores en las filiales estadounidenses.
No está claro si el gobierno de Rodríguez ha solicitado ya al Tesoro una licencia que habilite a estos directivos a asumir funciones.
Sin esa autorización, cualquier intento de toma de control quedaría bloqueado por el marco sancionatorio.
PROCESO LEGAL
Más allá de la disputa política y regulatoria, Citgo continúa atrapada en un proceso judicial que amenaza con arrebatarle a Venezuela la propiedad de manera definitiva.
En noviembre de 2025, un tribunal federal de Delaware aprobó la venta de PDV Holding a Amber Energy, filial de Elliott Investment Management, por 5.900 millones de dólares, como parte de una subasta destinada a pagar deudas con al menos 15 acreedores internacionales.
Aunque Evercore valoró Citgo en 13.000 millones y Venezuela sostiene que supera los 18.000 millones, el proceso avanza bajo supervisión judicial.
La nueva prórroga de la OFAC no detiene la venta, pero sí mantiene temporalmente el escudo que impide a los acreedores del Pdvsa 2020 ejecutar su garantía, prolongando un limbo que combina litigios, sanciones y decisiones políticas en un tablero cada vez más complejo.
La transacción requiere aprobación de la OFAC y de otros reguladores financieros, y Amber Energy prevé cerrarla a lo largo de 2026. Si el Tesoro aprueba el traspaso, la propiedad de Citgo cambiaría de manos y el nombramiento de Chávez quedaría sin efecto práctico.
Esa doble incertidumbre —la autorización para asumir el control y el desenlace del proceso de venta— convierte el movimiento en Caracas en uno cuyo resultado sigue siendo impredecible.
