Un total de cinco países de la región condenaron, este jueves 15 de febrero, que la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sea expulsada del país.
Asimismo, en un comunicado conjunto, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay exigieron la liberación de la defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel.
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En concreto, manifestaron su «profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel».
Por tanto, hicieron «un enérgico llamado a las autoridades venezolanas a liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados». Y, reclamaron, «por el respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del estado de derecho».
Igualmente, exigieron la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas, sin proscripciones de ningún tipo».
ACUSACIONES DEL CHAVISMO
El canciller del chavismo, Yván Gil, anunció este miércoles 14 de febrero la suspensión de actividades de la Oficina en Venezuela.
Gil aseguró que la decisión responde al papel que esta institución ha desarrollado, supuestamente en contra de Nicolás Maduro y las instituciones venezolanas.
«Lejos de tratarse de un ente imparcial, se ha convertido en el bufete de los grupos golpistas y terroristas que se confabulan contra el país», dijo.
