El presidente electo de EEUU, Donald Trump, ha sido un crítico constante del concepto de ciudadanía por derecho de nacimiento, establecido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Durante su campaña presidencial de 2024, Trump prometió que, en su primer día de mandato, emitiría un decreto para poner fin a esta política.
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Según Trump, la ciudadanía por derecho de nacimiento está «basada en un mito histórico y en una malinterpretación deliberada de la ley».
Sin embargo, cualquier intento de modificar esta enmienda enfrentaría numerosos obstáculos legales y constitucionales.
La Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868, establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen».
Esta enmienda fue crucial para garantizar los derechos civiles. También legales de los esclavos liberados tras la Guerra Civil.
Trump y sus partidarios argumentan que la ciudadanía por derecho de nacimiento crea incentivos para la migración ilegal y el «turismo de nacimiento», donde mujeres embarazadas ingresan al país con el propósito de dar a luz y asegurar la ciudadanía estadounidense para sus hijos.
ESTRATEGIA DE TRUMP
Para desafiar la ciudadanía por derecho de nacimiento, Trump podría intentar emitir un decreto que instruya a las agencias federales a no otorgar automáticamente la ciudadanía a los hijos de migrantes indocumentados.
Esta acción probablemente desencadenaría una serie de batallas legales. Sobre todo, porque la interpretación de la Decimocuarta Enmienda ha sido clara en que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es automáticamente ciudadana. Además, la Corte Suprema de Estados Unidos ha reafirmado este derecho en varias ocasiones.
Otra estrategia —según un análisis de Priscilla Álvarez, de CNN— que podría emplear la administración de Trump es intensificar la «expulsión acelerada» de migrantes indocumentados sin una audiencia judicial. Esto desafiaría así la cláusula de la Decimocuarta Enmienda que garantiza la igualdad de protección ante la ley.
Esta última medida también enfrentaría desafíos legales significativos, ya que los defensores de los derechos civiles argumentarían que viola los principios fundamentales de la Constitución.
