El Congreso de EEUU aprobó la Ley Laken Riley, una legislación que permitirá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestar a migrantes indocumentados acusados de robo sin violencia.
La ley, que lleva el nombre de una estudiante de enfermería asesinada por un migrante ilegal venezolano en Georgia, la enviaron para su firma al presidente de EEUU, Donald Trump.
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La Ley Laken Riley fue aprobada por la Cámara de Representantes con 263 votos a favor y 156 en contra, y también lo hizo el Senado con 64 votos a favor y 35 en contra.
La legislación ha generado un intenso debate, ya que algunos la consideran una medida necesaria para la seguridad pública. Mientras que otros la ven como una violación del debido proceso y un paso hacia las deportaciones masivas.
La ley autoriza a las autoridades migratorias a detener a migrantes indocumentados por delitos menores, como hurtos en supermercados o tiendas.
Además, permite a los fiscales generales de los estados intervenir en las decisiones de política migratoria del gobierno federal, incluyendo la posibilidad de forzar al Departamento de Estado a no conceder visas a ciudadanos de países que no acepten deportaciones desde Estados Unidos.
Los defensores de los derechos de los migrantes han criticado la ley, argumentando que podría llevar a la persecución por delitos menores y aumentar la capacidad de detención de extranjeros a más de 60.000 camas.
Además, señalan que la implementación de esta ley podría costar al gobierno más de 3.000 millones de dólares en los próximos tres años.
