Controversia en EEUU: nueva ley prohibiría las banderas LGBTQ+ y de Palestina en sitios públicos

Luis Alfredo Ledezma
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El Senado de Florida (EEUU) está avanzando con un proyecto de ley que prohibiría el uso de banderas con mensajes políticos en edificios gubernamentales y escuelas. La propuesta, impulsada por el republicano Randy Fine, busca impedir la exhibición de símbolos como la bandera de Palestina, la bandera LGBTQ+ Pride (Orgullo Gay) y la de Black Lives Matter.  

De acuerdo con medios locales, el proyecto de ley SB 100, presentado por Fine en diciembre de 2024, establece que ninguna entidad gubernamental, incluyendo escuelas y universidades públicas, podrá exhibir banderas que representen un «punto de vista político». 

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Recibieron la propuesta con una fuerte oposición. Senadoras demócratas como Kristen Arrington y Tina Polsky criticaron el proyecto por considerarlo un ataque a la libertad de expresión.  

Arrington señaló que «se supone que somos la Florida libre, pero esto no trata sobre libertad». Mientras que Polsky dijo que «esto se trata de personas que tienen miedo de los niños LGBTQ y no quieren que se hable de ellos en las aulas». 

Además, la organización Florida Rising, dedicada a la defensa de los derechos de los votantes, calificó la ley como un intento de censura gubernamental. 

El debate se intensificó con una publicación a través de las redes de Fine. En la misma, utilizó términos controversiales para describir las banderas que su proyecto busca prohibir.  

En el post, el senador calificó la bandera de Palestina como representación de un «país ficticio». Asimismo, describió a Black Lives Matter como un movimiento «pro-violencia» y llamó a las banderas transgénero símbolos de una «ideología woke y pro-grooming».  

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Estas declaraciones han sido fuertemente criticadas por organizaciones de derechos civiles. Dicen que sirven para alimentar discursos de odio. 

Más allá del debate político, el proyecto ha sido cuestionado por su falta de precisión legal.  

Algunos legisladores advirtieron que la falta de una definición clara de «punto de vista político» podría generar conflictos constitucionales. También demandas por violación de la Primera Enmienda.  

De momento, el proyecto SB 100 fue aprobado en el Comité de Supervisión y Responsabilidad del Gobierno, presidido por Fine, y ahora pasará a votación en el Senado estatal. 

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