El gobierno federal de EEUU ha revocado la aprobación del programa de peajes por congestión en Nueva York, una medida que ha generado una intensa batalla legal entre la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) y la gobernación del estado.
De acuerdo con medios locales, la decisión fue anunciada por el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien argumentó que los peajes adicionales planteaban una carga injusta para los automovilistas fuera de la ciudad y calificó el programa como «retrógrado e injusto».
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Esta medida ha sido vista como un golpe significativo para los esfuerzos de la ciudad por reducir el tráfico y financiar mejoras en el sistema de transporte público.
El programa de peajes por congestión, que se había instituido el pasado 5 de enero, imponía una tarifa de $9 dólares a la mayoría de los vehículos que ingresaban al distrito comercial central de Manhattan.
La iniciativa tenía como objetivo aliviar el tráfico y recaudar fondos para modernizar el envejecido sistema de transporte público de la ciudad.
Sin embargo, la administración de Donald Trump ha decidido poner fin a este programa, argumentando que los conductores ya contribuyen al mantenimiento de las carreteras a través de impuestos como el de la gasolina.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el presidente de la MTA, Janno Lieber, han expresado su desacuerdo con la decisión del gobierno federal y han anunciado que recurrirán a los tribunales para luchar contra la medida.
Lieber destacó que el programa de peajes ya ha mostrado reducciones modestas, pero mensurables en el tráfico y que su eliminación privaría a la agencia de tránsito de una fuente crucial de financiamiento.
La MTA ha presentado una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para garantizar que el plan siga en vigor.
Lo cierto, es que la revocación del permiso federal ha generado reacciones mixtas entre los residentes y funcionarios de Nueva York y Nueva Jersey.
Mientras algunos apoyan la medida, argumentando que los peajes son una carga adicional para los automovilistas de clase trabajadora y los pequeños empresarios, otros defienden el programa como una solución necesaria para reducir la congestión y mejorar el transporte público.
