Una de las integrantes del gabinete de la nueva administración de Donald Trump, quien se juramentará para el período presidencial 2025-2029 este lunes 20 de enero, criticó fuertemente la extensión por 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, anunciada esta semana por el mandatario saliente, Joe Biden.
La alta funcionaria identificada como Kristi Noem, quien será la secretaria del Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) del presidente republicano tildó la mencionada extensión, también otorgada a 230 mil salvadoreños, de «alarmante».
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«Esta extensión del TPS para más de 600.000 venezolanos (…) es alarmante, cuando ves lo que hemos visto en diferentes estados, incluido Colorado, con pandillas causando daño», dijo Noem durante una comparecencia ante el Senado estadounidense.
Noem hizo referencia a lo ocurrido en la población de Aurora, donde existen diversas denuncias contra supuestos miembros del Tren de Aragua, organización criminal trasnacional nacida en Venezuela, quienes presuntamente habían tomado varios edificios causando terror entre sus habitantes.
No obstante, la policía de esta ciudad en Colorado ha dicho que las denuncias no corresponden a la realidad. Por esta razón, la administración Biden decidió dar esta extensión del TPS para los venezolanos, al considerarlos una población vulnerable.
TRUMP Y SU CAMPAÑA ANTIMIGRANTES
Donald Trump usó durante toda su campaña una fuerte retórica sobre la migración ilegal y prometió deportar a todos aquellos que cometan algún delito.
Para esto debe firmar una ley ejecutiva que debe aprobar el Senado estadounidense, de mayoría republicana.
Esta legislación, conocida como la Ley Laken Riley, lleva el nombre de una universitaria asesinada en Georgia en 2024 por un migrante venezolano indocumentado. Se trata de un caso condenado por el mismo Trump.
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La ley requiere que las autoridades de inmigración detengan a los indocumentados acusados, sospechosos o detenidos en casos de robo y delitos relacionados, sin necesidad de comprobar su culpabilidad.
La Ley Laken Riley ha generado un intenso debate en el Congreso y entre la opinión pública. Sus críticos argumentan que abre el camino para las detenciones indiscriminadas de indocumentados y que podría llevar a la discriminación.
Además, la ley garantiza a los estados la posibilidad de demandar al Gobierno federal por una amplia gama de medidas relacionadas con la inmigración, lo que podría obstaculizar la capacidad del Ejecutivo para definir las políticas migratorias.
A pesar de las críticas, la ley cuenta con el apoyo de algunos demócratas, quienes consideran que es necesario darle a las fuerzas del orden los medios para tomar medidas cuando los migrantes ilegales violan la ley.
