El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha intensificado sus operativos, enfocándose en perfiles de migrantes que ahora enfrentan un mayor riesgo de deportación.
Según informes recientes, las redadas están dirigidas principalmente a familias migrantes con niños que ingresaron juntas al país y tienen órdenes de deportación pendientes.
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Además, se están llevando a cabo operativos para localizar a menores que ingresaron solos a Estados Unidos y fueron liberados sin una fecha de audiencia establecida.
La noticia ha generado preocupación en la comunidad inmigrante, especialmente entre familias que han intentado establecerse en Estados Unidos.
Carmen Medina y Ángel Valero, una pareja venezolana que llegó a Chicago en 2023, expresaron su angustia por el futuro de sus hijos mientras esperan el proceso de asilo político.
«Es fuerte no saber lo que va a pasar», comentó Medina a cadena NBC News, reflejando el temor generalizado entre los migrantes que enfrentan estas medidas.
Organizaciones defensoras de derechos de los migrantes han alzado la voz, instando a las comunidades a mantenerse informadas sobre sus derechos.
Salvador Cicero, abogado de inmigración, recomendó a los migrantes no abrir la puerta a agentes de ICE sin una orden judicial válida y sellada por un juez.
Este tipo de orientación busca reducir el pánico y fomentar una respuesta informada ante posibles redadas.
El impacto de estas medidas no solo afecta a las familias directamente involucradas, sino también a las comunidades en las que residen.
Líderes comunitarios han señalado que estas acciones generan un clima de miedo y desconfianza, dificultando la integración y el acceso a servicios esenciales. Además, han pedido a las autoridades que consideren enfoques más humanitarios para abordar la inmigración irregular.
