La reciente decisión de la administración de Donald Trump de permitir redadas en iglesias, hospitales y escuelas ha generado una gran controversia.
Esta medida elimina las restricciones que protegían estos lugares considerados sensibles, permitiendo a las autoridades de inmigración realizar arrestos en ellos.
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La directiva, emitida por el secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, forma parte de un plan más amplio para intensificar las deportaciones de migrantes indocumentados.
Desde 2011, las normativas protegían a los migrantes de ser detenidos en estos espacios, restringiendo las operaciones a casos excepcionales como amenazas de terrorismo o violencia.
Sin embargo, la nueva orden ejecutiva de Trump elimina estas salvaguardas, ampliando la capacidad de las autoridades migratorias para realizar redadas sin restricciones.
Según Huffman, «los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados».
La noticia ha generado indignación entre activistas y organizaciones de derechos humanos.
Olivia Golden, del Centro de Derecho y Política Social, advirtió que este cambio podría tener consecuencias devastadoras para las familias migrantes, disuadiendo a los padres de enviar a sus hijos a la escuela o buscar atención médica por miedo a enfrentarse a agentes de inmigración.
En respuesta, líderes religiosos y autoridades locales han reforzado su compromiso de proteger a las comunidades migrantes.
En California, por ejemplo, el Distrito Escolar Unificado de Fresno reiteró que no permitirá operativos migratorios en sus campus sin una orden judicial válida.
De manera similar, las Escuelas Públicas de Chicago aprobaron una resolución que prohíbe la colaboración con ICE en instalaciones escolares.
Iglesias de todo el país también han alzado la voz, destacando su compromiso de ofrecer un lugar seguro para los migrantes, independientemente de su estatus migratorio.
