El Congreso de Madagascar aprobó esta semana un proyecto de ley que busca imponer penas de castración quirúrgica o química a quienes sean hallados culpables de abuso sexual contra menores.
La mencionada ley, que ahora debe ser aprobada por la alta corte constitucional de ese país antes de ser promulgado por el presidente, ha generado controversia y críticas por parte de organizaciones internacionales, entre las que destaca Amnistía Internacional (AI), que la calificó como “cruel, inhumana y degradante”
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En un comunicado la organización pidió a Madagascar “derogar” la ley, ya que las castraciones “no son una forma efectiva de prevenir la violencia sexual” y “violan los derechos humanos de las personas condenadas”.
“La castración es un castigo cruel, inhumano y degradante que no tiene cabida en el siglo XXI”, alegó la organización en la misiva.
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“En lugar de centrarse en medidas punitivas, Madagascar debería invertir en medidas de prevención y apoyo a las víctimas de violencia sexual”, agregó.
Otras organizaciones, como Human Rights Watch (HRW), también expresaron su preocupación por la polémica ley.
HRW señaló que la castración “no ha demostrado ser un método eficaz para prevenir la reincidencia”. Asimismo, señalan que “podría tener graves consecuencias para la salud física y mental de las personas afectadas”.
Otros países, como Indonesia, Nigeria y Corea del Sur, también contemplan la castración como castigo para los violadores en sus legislaciones.
CASTRACIÓN “QUÍMICA O QUIRÚRGICA”
El texto prevé la castración quirúrgica como castigo. Esto se aplicaría a “los autores de violaciones cometidos contra un niño de menos de diez años”.
En el caso de violaciones a niños de entre diez y 13 años, se contempla la castración “química o quirúrgica”, según reseñó el Diario Contraste Noticias.
Algunos sectores de la sociedad de la nación africana han aplaudido la medida. Estos la consideran una forma de disuadir a los potenciales violadores y proteger a los niños.
