(EFE).- Un grupo de familiares se congregaron a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela para orar en un viacrucis y pedir por la liberación de 170 trabajadores de la estatal Pdvsa, detenidos entre 2024 y 2025 y acusados de varios delitos, entre ellos delincuencia organizada.
Los familiares recrearon las 14 estaciones del viacrucis en el que oraban y denunciaban traslados forzosos a cárceles de máxima seguridad, la falta de respuesta de la Defensoría del Pueblo, así como la situación económica de los parientes que deben llevarles comida y medicina a los detenidos.
Algunas de las madres y esposas presentes en la protesta, vistieron con el mono rojo del uniforme de Pdvsa y otras vestían con togas negras, representando al sistema de justicia venezolano.
Además, los manifestantes, a quienes posteriormente recibieron miembros del máximo tribunal, llevaron una tortuga que tenía pintadas las siglas del TSJ en su caparazón, en alusión al retardo procesal de estos casos.
«Por favor, Delcy Rodríguez y toda la comitiva que está encargada para la celeridad de este proceso, que se haga justicia y nos otorgue la libertad de cada una de ellos desde este momento», dijo Lendry Cemeco a las afueras del TSJ.
Igualmente, dijo que a sus familiares los acusaron de contrabando de combustible, asociación para delinquir, delincuencia organizada, daños a la infraestructura y omisión.
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De ese grupo de 170 personas, prosiguió, solo han liberado a tres, entre ellas una de nacionalidad estadounidense.
Cemeco aseguró que tras la aprobación de la Ley de Amnistía, en febrero pasado, los familiares han acudido a los tribunales para hacer la gestión pero «muchos han sido rechazados».
El pasado 18 de febrero, los familiares de estos trabajadores de Pdvsa detenidos pidieron que se les incluyera en la Ley de Amnistía que se aprobó un día después, por considerar que se trata de un caso político por violaciones al debido proceso, entre ellas, su captura sin una orden judicial.
La abogada y familiar de uno de estos detenidos Zimaru Fuentes explicó entonces que las detenciones de estas personas empezaron en octubre de 2024 en la Refinería de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui (noreste), tras una investigación que empezó en junio de ese mismo año y que involucraba un buque petrolero en alta mar en un caso sobre el que las autoridades no se han pronunciado públicamente.
Las aprehensiones, de acuerdo a Fuentes, se extendieron por otras refinerías de los estados Carabobo (norte), Falcón, Zulia (noroeste), así como en instalaciones petroleras de Caracas y La Guaira (norte).
Además, dijo que no hubo órdenes de captura contra estos trabajadores y a quienes presentados ante los tribunales hasta un mes después de su detención. EFE
