Al menos nueve mujeres, detenidas durante las protestas postelectorales, habrían sido excarceladas este viernes, según confirmaron sus familiares al Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
Las féminas fueron liberadas en Los Teques, estado Miranda, luego de que habían sido trasladadas el día anterior «desde el Destacamento 15 de la GNB en Valera, estado Trujillo», precisó la ONG en su cuenta en la red social X (Twitter).
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«Abrazamos a los familiares que nunca debieron vivir esta injusticia. Exigimos libertad para todas las presas políticas», agregó @clippve en su publicación.
A ciencia cierta no se sabe si estas excarcelaciones forman parte de las 956 anunciadas por el Ministerio Público el pasado lunes 23 de diciembre, ya que no hay un listado oficial al que tengan acceso los medios de comunicación.
CNP EXIGIÓ LIBERACIÓN DE PERIODISTAS QUE CONTINÚAN DETENIDOS
Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) solicitó «nuevamente» la excarcelación de los nueve comunicadores sociales. Estos siguen detenidos «por causas políticas».
Con una misa efectuada en la sede del CNP en Caracas, el gremio exigió que estas personas deben gozar de libertad plena.
El secretario general de la seccional Caracas, Edgar Cárdenas, denunció la persistencia de violaciones a los derechos humanos y judiciales contra los trabajadores de la prensa.
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Cárdenas destacó que, aunque seis periodistas han sido excarcelados recientemente bajo medidas cautelares, ninguno cuenta con libertad plena. Asimismo, señaló que aún permanecen encarcelados nueve periodistas, entre ellos figuras reconocidas como Carlos Julio Rojas, Viallo Pileri, Roland Carreño y Víctor Uga.
El caso de Víctor Uga fue señalado como emblemático por el CNP, debido a su particular contexto. Su detención derivó de un altercado con un tiktoker conocido, inicialmente tratado como una riña.
Sin embargo, Cárdenas alertó que el gobierno de Nicolás Maduro calificó este incidente como un delito grave. Esto podría acarrear una pena de hasta 30 años de prisión, algo que calificó como una flagrante violación al debido proceso y los derechos humanos.
“El caso de Víctor Uga es un ejemplo de cómo se instrumentaliza la justicia para atacar a la prensa libre. Se trata de una agresión directa contra los periodistas, cuyo único delito ha sido cumplir con su deber de informar”, expresó Cárdenas.
