El gobierno de Nicolás Maduro rechazó la política de sanciones y «medidas coercitivas unilaterales» renovada por la Unión Europea.
En este sentido, el gobierno de Maduro calificó estas sanciones como «ilegítimas, ilegales, y contrarias al derecho internacional», así como a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
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«Los dirigentes de ese bloque han optado, lamentablemente, por acelerar su propia decadencia política, insistiendo en una línea de hostilidad estéril contra Venezuela, que evidencia una política exterior errática, carente de autonomía y supeditada a intereses ajenos a los pueblos que dicen representar», indicó en el comunicado divulgado por el canciller Yván Gil.
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«Tras años de aplicación, esta política de sanciones ha demostrado ser un rotundo fracaso, deteriorando de manera significativa las relaciones políticas y diplomáticas y confirmando la irrelevancia creciente de la Unión Europea como actor internacional capaz de actuar con independencia, racionalidad y respeto hacia los Estados soberanos», concluyó.
SANCIONES A VENEZUELA
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) prolongaron este lunes un año, hasta el 10 de enero de 2027, las sanciones del club comunitario por la crisis en Venezuela, en la reunión que celebran en Bruselas.
La decisión se tomó ante «las persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como las continuas violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, también en relación con la celebración y los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024», indicó el Consejo de la UE, que reúne a los miembros.
En la actualidad, las sanciones afectan a 69 individuos, que están sujetos a una congelación de activos. También está prohibido suministrarles fondos o recursos económicos directa o indirectamente. Además, no se les permite viajar al territorio de la Unión Europea (UE).
